1. Blindaje de los presupuestos y evaluación de impacto de nuestras leyes. No se puede recortar en la lucha contra la violencia machista. Pensamos que tenemos que volver en financiación a cifras anteriores a la reforma del artículo 135 de la Constitución. Además es imprescindible evaluar el impacto de la ley de violencia de género, después de 10 años hay que saber en qué se ha gastado cada euro dedicado a prevenir la violencia y si ha tenido un impacto positivo.
2. Mantener las competencias en los ayuntamientos. Los servicios de atención deben ser servicios de cercanía. La ley Montoro prevé que el 31 de diciembre se les retiren estas competencias, obligando a las mujeres violentadas a desplazarse cientos de kilómetros para acudir a los servicios.
3. Ofrecer garantía habitacional a las víctimas. Porque ninguna mujer va a denunciar si tiene que convivir con su agresor. Porque la independencia económica es lo que aleja a las mujeres de la violencia.
4. Cumplir con los convenios internacionales, especialmente el convenio de Estambul ya ratificado por España, y que exige que ampliemos el concepto de violencia machista más allá del ámbito de la pareja y la ex pareja.
Secretaría de Organización Estatal
